En las grandes ciudades, la vida en propiedad horizontal se volvió un laboratorio de fricciones crecientes. Los edificios concentran realidades diversas, generaciones distintas y expectativas que pocas veces coinciden.

 

Aun así, la instancia que debería ordenar ese mundo (la asamblea) se vacía año tras año. La participación cae, las decisiones se toman entre pocos y los reclamos crecen en proporción directa al desinterés. El resultado es un ecosistema que exige cambios urgentes.

 

Según explica Martín Eliçagaray, founder de Simple Solutions, la raíz del problema es doble. Por un lado, los edificios no lograron actualizar sus prácticas de gestión.

 

Las asambleas siguen atadas a rutinas pensadas para otra época, con documentos impresos, intercambios verbales interminables y mecanismos de control que ya no responden al volumen ni a la velocidad de la vida urbana contemporánea.

 

Por otro lado, la convivencia se volvió más compleja y más sensible que hace apenas una década. Lo que antes era un desacuerdo puntual hoy puede escalar a un conflicto estructural.

 

Uno de los temas que más tensión genera es el ruido. En los edificios actuales, el problema no se reduce a la música fuerte. Eliçagaray observa un abanico de situaciones nuevas: gimnasios improvisados en pisos altos, clases virtuales con instrumentos, reformas prolongadas con herramientas eléctricas.

 

La convivencia sonora, dice, quedó fuera de control, sobre todo cuando las actividades se trasladan a horarios de descanso.

 

Las mascotas son otro foco de fricción. En muchos edificios hay más perros que chicos y esa proporción altera dinámicas cotidianas.

 

El especialista menciona desde ladridos nocturnos hasta ascensores colapsados, pelos en espacios comunes o perros sueltos en áreas donde deberían circular con correa. La discusión ya no es si están permitidos, sino cómo se gestiona su presencia en estructuras que no fueron pensadas para una convivencia tan intensa.

 

Los espacios comunes, que durante años funcionaron como complemento, pasaron a ser puntos críticos. SUMs, piletas, parrillas y gimnasio se usan más que nunca y se volvieron escenarios de disputas frecuentes: reservas que se agotan, turnos que se cuestionan, criterios de uso que cambian según el humor del momento.

 

En palabras de Eliçagaray, los amenities se convirtieron en “válvulas de escape social” y, al mismo tiempo, en territorios de conflicto cotidiano.

 

El capítulo más delicado es la seguridad. Muchos consorcios evalúan reemplazar sistemas tradicionales de portería por soluciones digitales o vigilancia tercerizada.

 

Esa transición despierta tensiones laborales, pero también debates que exceden lo operativo. Para Eliçagaray, la seguridad hoy se juega en un punto sensible: la gestión de accesos.

 

Sin controles sólidos, los edificios quedan expuestos al ingreso de personas que no deberían estar allí, desde trabajadores temporales hasta desconocidos que aprovechan descuidos. También sucede en áreas internas, como piletas o gimnasios, donde la ausencia de registros claros habilita usos indebidos.

 

A esto se suma un problema menos visible pero igual de crítico: la obsolescencia tecnológica. Sistemas sin mantenimiento, software desactualizado o dispositivos que quedaron viejos generan vulnerabilidades reales. Para el especialista, la actualización ya no es un lujo sino un requisito de prevención.

 

El factor económico no suaviza el escenario. Las expensas suben incluso en edificios sin amenities y con servicios básicos. Los costos de energía, limpieza, mantenimiento, seguros y contratistas presionan los presupuestos familiares.

 

Esto alimenta descontentos que después vuelven a aparecer en las asambleas, donde los números se discuten más desde la frustración que desde la planificación.

 

Los alquileres temporarios agregan una capa extra. Eliçagaray señala que plataformas como Airbnb forman parte del paisaje y que los consorcios necesitan herramientas para ordenar ese flujo, especialmente en los ingresos y egresos de personas que rotan de manera permanente.

 

En este contexto, la falta de participación es la variable que termina de cerrar el círculo. La mayoría de los vecinos no asiste, delega o se limita a protestar después.

 

El especialista advierte que esa ausencia tiene consecuencias directas. Se toman decisiones poco representativas, la gestión se vuelve opaca y los conflictos escalan hasta ámbitos administrativos o judiciales.

 

El desafío, para Eliçagaray, es reconstruir la gobernanza interna. Modernizar procesos, digitalizar tareas, profesionalizar la administración y recuperar la participación.

 

No se trata de volver a llenar las asambleas por nostalgia, sino de diseñar mecanismos ágiles, claros y verificables para que el consorcio funcione sin depender de voluntades aisladas. La vida urbana, dice, ya cambió. Lo que falta es que la gestión de los edificios lo haga también.